Hace 27 años celebramos las reformas conseguidas en la Ley de cine n. 17741 asignando al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales dos funciones esenciales: el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica (tanto la producción como la exhibición y la comercialización de las películas nacionales y extranjeras).
Durante casi tres décadas esta Ley ha sido ejemplo y orgullo nacional y regional. Gracias a su sanción se han producido miles de películas que recorrieron el mundo y que han enriquecido el valioso acervo cultural de nuestro país. Al mismo tiempo, gracias al desarrollo en la actividad que ha promovido, se crearon escuelas de cine y carreras audiovisuales en Universidades nacionales, provinciales y privadas de todo el territorio. El sector audiovisual es el que más puestos de trabajo genera en el espectro de actividades culturales del país.
La Ley 17741 (t.o.2001) establece que el fondo de fomento se nutre principalmente de dos impuestos: uno a la exhibición en salas, a cargo del espectador, y otro proveniente de lo recaudado por el ENACOM, a cargo de los licenciatarios, entre otros ingresos como donaciones o recupero en la devolución de créditos a la producción y el alquiler de videos.
En diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo escabulló un artículo en un proyecto que tuvo tratamiento express en ambas Cámaras, la Ley 27.432. En el marco de la aprobación del Presupuesto General para 2018, se incluyó entre los incisos del artículo 4° la voluntad ajustadora para arremeter con lo que venía siendo una bandera de la política de Estado de Argentina: la asignación específica de fondos para sostener producciones audiovisuales, imponiéndose por primera vez un plazo de vencimiento.
Esto significa que, de no derogarse estos incisos o prorrogarse el plazo establecido para diciembre de 2022 los gravámenes seguirán existiendo, pero ingresarán en adelante a las “Rentas generales” del Estado y no de forma directa al Fondo de Fomento Cinematográfico. El INCAA quedaría sin recursos propios para funcionar dependiendo de lo que cada año se le asigne en la Ley de Presupuesto y perdiendo su carácter de autarquía definido en su ley fundante.
Nos alarma el destino de tantas y tantos trabajadores del sector cultural, la cantidad de empresas que funcionan gracias al financiamiento del INCAA, les propios trabajadores del Instituto y el futuro de les miles de estudiantes de cine que hay en todo el país. Y por sobre todas las cosas, nos inquieta pensar que el público tendrá negado el acceso a relatos e historias que reflejen nuestras identidades a través de la producción audiovisual propia.
El impacto que la pandemia Covid-19 trajo a la industria cultural hizo bajar en un 81%* la actividad cinematográfica. Esa crisis económica vivida durante el 2020 podría escalar aún más si se eliminan las fuentes de las cuales se nutre el Fondo de fomento cinematográfico.
El poder legislativo cuenta con un proyecto con estado parlamentario que deroga el artículo 4 de la Ley 27.432, pero luego de varios años en comisión, todavía no ha logrado los apoyos necesarios para ser tratado en las cámaras. El tiempo nos apremia y todo el arco del cine necesita que esta problemática sea considerada antes de que sea demasiado tarde.
Compartimos el proyecto con estado parlamentario para la derogación del Artículo 4 de la Ley 27.432: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0676-D-2020
* Datos proporcionados por el Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.
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