• Colectivo de Cineastas

EL CINE EN DEBATE



Un conjunto de entidades del sector cinematográfico (DAC, PCI, Apima y Argentores) nucleadas en el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) están impulsando con fuerza y premura el debate de un anteproyecto que reemplace la Ley de Cine por una nueva Ley Audiovisual. Como Colectivo de Cineastas (CdC) fuimos invitades a conversar con quienes lo redactaron y consideramos, como parte del debate propuesto, hacer públicas nuestras posiciones.


Lo primero que nos alarma de este proyecto es la eliminación de la palabra Cine. No sólo en el nombre de la ley sino en el nuevo Instituto que proponen crear: el Instituto Nacional de las Artes Audiovisuales (INAA) que reemplazaría al INCAA. Se intenta fundamentar de manera confusa que el uso del término CINE es obsoleto ya que está incluido dentro del conjunto de las Artes Audiovisuales. El cine no es solamente una técnica de registro, el cine es una forma de pensamiento y también un ritual de encuentro colectivo. Es una tradición y una forma de conocer el mundo. Al no nombrarlo, lo invisibiliza y, como sabemos, toda disputa hermenéutica encubre una disputa ideológica que se traduce materialmente en la asignación concreta de recursos.


Cada tecnología es producto de una época pero, una vez que hacen su irrupción en la historia, conviven con nosotres como formas posibles de usos o conceptos. Ni el cine, ni las series, ni los servicios de streaming, ni los videojuegos, ni ningún otro producto para las plataformas digitales está en peligro ya que el mercado los produce y los comercializa sin ningún inconveniente. Lo que está en peligro es la diversidad y nuestra soberanía audiovisual producto del avance de la concentración y de las políticas públicas actuales que no fomentan ni protegen la diversidad ni su independencia. Cuando se borra la palabra cine lo que se borra es su carácter plural, porque sin duda el mercado promoverá aquellas producciones que pueda comercializar, las mismas que hoy concentran la exhibición desplazando las producciones nacionales.


En ese sentido el planteo en el texto del proyecto de cupos fijos de películas anuales, imponiendo la idea de “calidad” por sobre la “cantidad”, va en el sentido inverso del camino que creemos debe tomarse. “Calidad” es un concepto que históricamente ha fomentado la concentración: ¿Quiénes establecen qué es de calidad y qué no? Son reglas patriarcales en una industria cultural que necesita de manera urgente abrir espacios a la diversidad contrarrestando las profundas desigualdades en el acceso a la producción simbólica de discursos por pertenencia de clase, género o emplazamiento territorial. Por otra parte, plantear la dicotomía cantidad / calidad no sólo es falaz sino que es una nueva manera (más elegante) de decir que en el país se produce mucho y que debe producirse menos y más grande. Ante esto insistimos: no sobra producción, faltan políticas públicas que permitan la irrupción de las voces, cuerpos, territorios, experiencias y miradas hoy excluidas del fomento, de la exhibición y de su preservación. En este anteproyecto no se plantean políticas de desarrollo transversales que equiparen las históricas desigualdades que existen en la actividad y cuando, en algunos parrafos, se habla de paridad se la piensa en una lógica binaria dejando de lado toda la lucha de los colectivos de personas trans, travestis, transexuales, transgénero y no binarias, por su visibilización e incorporación.


En el mismo sentido, se plantea un nuevo organigrama de dirección en donde se pierde el carácter de co-gobierno al conformarse un Directorio que, para integrarlo, exige una serie de condicionamientos muy difíciles de cumplir para asociaciones fuera del ámbito de AMBA, excluyéndolas de la toma de decisiones.


El proyecto poco dice sobre la conservación de nuestro patrimonio audiovisual. Lejos de solucionar la deuda histórica de la Cinemateca se agrava el problema de su financiamiento ya que no le asigna recursos específicos. Se destinaría un 80% a la producción, distribución y exhibición audiovisual (sin establecer porcentajes según formatos) y solamente un 20% a todo el resto de las atribuciones del Instituto detalladas en catorce ítems que incluyen las escuelas de cine, entre otras cosas. Este porcentaje minoritario debería sostener también toda la estructura del “nuevo” Instituto, pero no hay ni una palabra de ello.


Coincidimos en la necesidad de reorganizar muchas de las reglamentaciones del INCAA para el fortalecimiento de la actividad y su puesta en presente pero esto no implica un cambio total de una legislación que hoy sería vigorosa si hubiera funcionarios competentes y un Ministro de Cultura que no mirase para otro lado. No es necesario inventar un instituto que ya existe, este ya incluye a todas las prácticas audiovisuales y su existencia y su nombre son parte de la historia y de la memoria de nuestra comunidad cinematográfica.


Hoy la urgencia es defender los recursos que existen para nuestra actividad y exigir que sean aplicados y redistribuidos en políticas públicas que hagan frente a la concentración en todos sus aspectos. También el fortalecimiento del fondo a través de los recursos que deben aportar las OTT. Coincidimos en que el Instituto pueda destinar parte de esos nuevos recursos a la industria audiovisual en otros formatos, pero consolidando nuestra soberanía audiovisual y cultural: fomentando la producción en todo el territorio y fortaleciendo propuestas de exhibición públicas e independientes, y no como una generadora de contenidos para las grandes plataformas de streaming que hoy amenazan con monopolizar el mercado y homogeneizar la producción.


Necesitamos también que el INCAA no le dé la espalda al cine independiente y que esté a la altura de las demandas volcadas en propuestas que hemos presentado junto a otras asociaciones en varias ocasiones. La disputa por un nuevo Plan de Fomento que regule y descentralice la actividad es hoy nuestra herramienta para seguir construyendo las imágenes y relatos de nuestro presente. Necesitamos que cuiden nuestro acervo cultural, que quienes tienen hoy la obligación dispongan de los recursos para poner en marcha la CINAIN. Que protejan al cine en todas sus formas de exhibición estableciendo cuotas de pantalla acorde a la producción actual y poniéndole tope a las copias con las que pueda exhibirse una película evitando la concentración y promoviendo la multiplicidad de producciones, porque es un derecho de toda la sociedad.


El cine necesita hoy más que nunca, en este escenario desolador de pandemia, que el estado lo proteja y fomente, para dejarlo realizar lo que específicamente puede y debe hacer: prefigurar el mejor futuro que como humanidad podemos imaginar y que nos merecemos como comunidad.


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